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POLÍTICA/MEDIDAS ANTISOCIALES. Por Marcelino B. Taboada
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El paquete de medidas anunciadas por el Gobierno tienen todas ellas “un denominador común”: hacer pagar la factura de la crisis a la clases media y, sobre todo, a la media-baja. Este “ajuste doloroso”, “recorte” o “plan de reactivación” es impropio de un Partido que se dice “de izquierdas”.
Casi todos los analistas coinciden en que estas actuaciones supondrán un punto de inflexión que afectará al PSOE negativamente en los próximos comicios.
Sin embargo, todavía nos queda a los sectores humildes y populares una leve esperanza: que esta política se complete con otra de signo más progresista, igualitaria y justa socialmente.
Ya, cuando el PSOE eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio en base a su escaso alcance recaudatorio, lo criticamos convenientemente. Es absolutamente necesario para impedir que la riqueza sea estática y para que pueda cumplir su finalidad fundamental: generar beneficios y, por consiguiente, progreso.
Es preciso repartir equitativamente las cargas sociales, o sea, los tributos y aportaciones para mantener el Estado del Bienestar. Por ello, se ha de establecer un impuesto específico sobre “las grandes fortunas” (de más de un millón de euros). Así se iría en el sentido de progresividad y contribución de acuerdo a la capacidad económica.
Otra sugerencia sería iniciar una lucha efectiva contra “el fraude fiscal”, típico de los más poderosos y más capaces de ocultar sus ingresos al Erario público.
Por otra parte, es imprescindible crear un Impuesto sobre los rendimientos bancarios y financieros porque, si no, se imposibilitaría el asentamiento de la “cultura del bien común” y, por tanto, las Entidades financieras y crediticias se alejarían de la economía real productiva mudándose a otra ficticia de “grandes negocios” de particulares concretos.
Asimismo se ha de incluir en los Presupuestos de años venideros una tasa ecológica, para fomentar la “economía sostenible”, que grave las actividades potencialmente contaminantes o destructivas de la naturaleza.
En lo que respecta al mundo político, falto de credibilidad y siempre sospechoso de cometer abusos, se ha de fijar por Ley que cualquier representante popular tenga la obligación de cumplimentar una declaración jurada de bienes y patrimonio, tanto al comienzo como al remate de sus mandatos. Toda esta información sería revisada y cotejada pormenorizadamente por Hacienda, al igual que se comporta con el grueso de los ciudadanos anónimos.
Por último, a partir del 1 de julio, los tipos de IVA suben dos puntos. Como reconocen muchos especialistas, el I.V.A. puede llegar a convertirse en el tributo más insolidario, injusto e inigualitario que exista. Y éste es el caso: los datos muestran que la mayor parte de las contribuciones por I.V.A. provienen de productos de uso generalizado y estrictamente necesarios (alimentación, vestido, calzado,...). De esta manera los bienes de lujo o suntuarios se escapan muchas veces de los controles de Hacienda o son opacos, en determinadas condiciones.
En la opinión de quien subscribe el Ejecutivo socialista quedará para la posteridad como un ejemplo único e irrepetible de disminuir los sueldos de los funcionarios, de menguar el campo de los derechos sociales, de congelar las pensiones más precarias de nuestro entorno, de generar una España rica enfrente a otra empobrecida (rural),... Y bien que le pesa esto exponer a un progresista como el que relata, aunque su conciencia le manda protestar airadamente contra una formación “con más de cien años de honradez” pero que se dedica a favorecer a los privilegiados a fuer y a pesar de abandonar a los más deprivados, débiles y trabajadores sometidos.
MARCELINO B. TABOADA
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